28 de mayo de 2008

Política de Trabajo


Hugo Funes (*)

El sindicato refrendó un acuerdo, con el delegado del Ministerio de la cartera laboral nacional, firmado por el gremio nacional y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es imprescindible mejorar la ley reglamentaria que rige para la Subsecretaría y Dirección de Trabajo de la Provincia. En la actualidad estos organismos tienen poco poder para hacer de agentes defensores oficiales de los trabajadores santiagueños, pues entendemos que es el organismo que debe defender los derechos de los trabajadores incluso independientes.

Se trata de un espacio que debe estar reglamentado para que cumpla con eficacia ese objetivo y no quede limitado por ciertas normas. Esto se advierte cuando muchas patronales prefieren terminar en la dirección de Trabajo, no arribando a ningún tipo de acuerdo, porque les resulta ventajo si llegan a ese organismo. Aspiramos que esto se revea, por estamos haciendo planteos en la Confederación General del Trabajo, a nivel oficial y de la legislatura.

Una de las preocupaciones del gremio es el funcionamiento del Servicio Provincial de Educación Privada. Sabemos que es un organismo difícil de manejar y de controlar, porque se ponen en juego distintos intereses.

El Estado no puede absorber la demanda de educación de la sociedad, de allí que las escuelas privadas se presenten como una solución. Así, para el Estado es una obligación mantener la educación privada, porque cubre una obligación que no puede afrontar.

El Servicio Provincial de Educación Privada debe estar al tanto de los intereses tanto de docentes, sus patrones (los dueños de los colegios) y el Estado. Este organismo hace pocos años que está funcionando (1993), carece del número adecuado de personal y no tiene una legislación fuerte que lo respalde.

Sin embargo, en estos últimos tiempos hubo cambios y avances. Se está llamando a concurso de supervisores, por lo que habrá más personal, esperemos que tome las dimensiones que debe alcanzar. No obstante que el Servicio de Enseñanza Privada necesita más poder casi como la dirección de Trabajo, para ejecutar la políticas educativas. Este organismo carece de pautas más generales y objetivas para entregar los aportes a los colegios. Son necesarias normas claras para la entrega o no, del aporte a cada una de las instituciones. Aspiramos a conformar una comisión que controle ese aspecto, dado que es una de las tareas más importantes que realiza el Servicio.

En los últimos tiempos se cometieron injusticias dando el aporte a quien no correspondía y en otros casos negando esa ayuda a quienes sí lo merecían.

Por otra parte debe haber un control más estricto de los aportes que el Estado entrega a los dueños de los colegios. En los dos últimos años se dio ese control, incluso hubo colegios que fueron sancionados con la retención de los aportes porque no presentaron las retenciones en tiempo y forma, sin embargo aún falta bastante por hacer y, lo que es más importante, el Servicio debe gozar de mayor poder de acción, para exigir a sus patrones que hagan los aportes como corresponden, para exigir que no tengan trabajadores en negro.

Pero se da el caso del Colegio Evangélico de Frías, que tiene todos sus trabajadores en negro. Esta situación fue corroborada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, incluso su propio representante legal lo reconoce públicamente. La pregunta es qué se piensa hacer con este colegio; no se lo puede cerrar porque el Estado no tendría dónde ubicar a los niños. Debemos pensar en los alumnos, pero también en los docentes que cobrando casi nada y que trabajan como esclavos.

Esos problemas son consecuencia del funcionamiento del Servicio: Este organismo debe capacitar a los docentes privados, porque no llega en el mismo nivel que la reciben los docentes estatales, los privados no son invitados a las mismas capacitaciones que los estatales.

Es indudable que la si la educación privada, reemplaza una función del Estado, se le debe dar el aporte para sostenerse y concretar esa función; esto siempre va a resultar más económico para el Estado.

Con la educación privada el Estado ahorra en edificios y en su mantenimiento, pero en lo que no puede ahorrar es en sueldos; la subvención del Estado para los colegios privados, es que se le pague a los empleados.

Sin embargo la responsabilidad del control no terminaría ahí. Se deberían firmar nuevos acuerdos (algo que en Santiago no se hace), en los que el Estado se comprometa a brindar los aportes para pagar los sueldos, pero al mismo tiempo las patronales no hagan despidos arbitrarios pagando las indemnizaciones con el mismo aporte que entrega el Estado.

Las leyes laborales empre estuvieron contra los trabajadores. En muchos casos no están a favor del trabajador porque las indemnizaciones son muy bajas y en otros porque los juicios laborales demoran diez años en salir, nunca terminan y el trabajador terminando arreglando contra sus propios intereses.

Acogerse a las leyes laborales para el trabajador es sinónimo de pérdida. Ante quienes dicen que los patrones tienen derecho a despedir, desde el sindicato respondemos que el despido de un docente no es un derecho de la patronal; por eso planteamos una nueva legislación que especifique que el dinero que se paga por indemnización, no es suficiente para salvar el daño que se le hace a un trabajador despedido.

Se trata de objetivo que no será sencillo de alcanzar, pero luchamos y lo pedimos y si el Estado provincial le diera el aporte a todos los colegios seguramente podría llegar el compromiso de que no se despida a docentes sin causa como se está haciendo en muchas oportunidades.

(*) Secretario General del Sindicato Argentino de los Docentes Privados.