26 de junio de 2008

Hacia la nueva ley nacional


Daniel Di Bártolo

En la Argentina se está gestando un nuevo modelo de país ubicado en las antípodas del paradigma neoliberal y centrado en los objetivos de crecimiento económico, inclusión social e integración sudamericana.

Si esto es verdad, la Argentina necesita una nueva ley de educación que exprese la voluntad colectiva de reconstruir una nación autónoma e integrada y, al colocar a la educación en el centro de la estrategia nacional, promueva un proyecto de país sustentado en una economía con alto valor agregado y, por lo tanto, con énfasis en el papel del conocimiento, la ciencia y la tecnología.

La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de debatir los lineamientos de una nueva ley de educación nacional cuya primera etapa está llegando a su fin ha logrado uno de sus principales objetivos: ya no solo se denuncian los males de la educación sino que se proponen caminos para solucionarlos.

Algunos voces se alzan manifestando que no era necesario cambiar la ley, otras continúan listando dificultades sin aportar ninguna alternativa y las hay también que ya pronostican el fracaso de la nueva norma.

Nosotros creemos en una propuesta superadora: como estamos convencidos que el país cambia y que el rumbo general está en la línea del proyecto nacional y popular, sostenemos que es imprescindible lograr poner en línea ese proyecto con el modelo productivo y el proyecto de educación argentina.

Cuando esta articulación fue posible en la historia argentina, los resultados en la educación quedaron grabados para siempre.

Dos casos son demostrativos: el proyecto oligárquico y agro-exportador de la generación del 80 sostuvo un modelo educativo de expansión de la educación pública a través de la ley 1420. El proyecto justicialista de industrialización promovió un tipo de educación basado en la formación profesional, la educación técnica y la universidad obrera. En las antípodas ideológicas y con objetivos distintos buscaron ambos la prioridad para la educación.

En las últimas décadas, desde el "optimismo educativo" y la "nueva escuela" se planteó en la pedagogía argentina la necesidad del cambio. Más aún, las amplias deliberaciones del Congreso Pedagógico Nacional en sus diversas fases, demostraron que los actores educativos – docentes, alumnos y padres de familia – y la sociedad en su conjunto demandaban cambios sustanciales en la educación.

¿Cuáles fueron las razones por las cuales, el consenso mayoritario que logró dicho Congreso y la votación unánime que sustentó la aprobación de la ley federal de educación no lograron implementar un proceso de transformación educativa positivo?

El primer motivo es evidente y está a la vista: no se cumplió con lo que la misma ley había previsto en materia de inversión educativa con el 6% del PBI y, por lo tanto, se desfinanció la implementación de la ley.

En segundo lugar, hubo un claro proceso de marginación de los trabajadores de la educación. No solo no se los escuchó sino que se los excluyó responsabilizándolos de los males que acarreaba la educación y, además, se los condenó a percibir magros salarios, desfinanciando su modelo solidario de salud y el sistema previsional.

En tercer lugar y condicionados por los créditos de los organismos internacionales se estructuró un modelo curricular basado en la poli funcionalidad sin reparar en la formación de fundamentos ni en las necesidades formativas del desarrollo nacional.

Asimismo y basados en los requerimientos del "ajuste estructural del gasto público", toda la educación fue transferida a las jurisdicciones provinciales sin planificación ni presupuesto ni organización de la gestión.

Por último, y sin agotar las causas, en el fondo de la razones hay que observar la ausencia del proyecto nacional como marco de la política educativa. Más aún, el proyecto de transnacionalización de la economía supuso un sistema educativo disciplinador y excluyente

en lo social, colonial en lo cultural y dependiente en lo político.

Es fundamental que la nueva ley y, sobre todo, su implementación logren superar en forma definitiva el estado de postración de la educación argentina. Algunas señales son positivas: la sanción de las leyes de educación técnico – profesional y de financiamiento educativo muestran que la voluntad política se orienta hacia la ponderación de la educación en las políticas públicas.

Consideramos que para lograr ese objetivo será imprescindible poner en funcionamiento ámbitos de consenso para definir el proyecto nacional. No solo el modelo sino el proyecto, es decir, la idea asumida por el pueblo, la orientación transformada en voluntad general.

Lo más importante de la nueva ley de educación no será, como algunos sostienen, la organización del sistema educativo, la cantidad de días de clase ó las atribuciones federales. En nuestra opinión, lo más importante será definir ¿para qué educamos?, cuáles son los objetivos de la educación para que modelo de país.

De una vez por todas, la nueva ley de educación deberá transitar los caminos de la identidad cultural, la integración latinoamericana y la pedagogía de la libertad. Será prioritario que los empresarios y los trabajadores, los investigadores científicos y tecnológicos, el estado y los privados, los padres y los alumnos, los trabajadores de la educación, docentes y auxiliares, tengamos claro hacia donde vamos como nación, cual es nuestro rumbo como país y nuestro proyecto como sociedad.

Si esto sucede, la nueva ley de educación será un hecho histórico, un hito trascendente en la historia argentina, un antes y un después.

Estamos protagonizando una nueva oportunidad como nación, no desaprovechemos una nueva posibilidad – quizás la última – para la educación. De ello depende nuestra liberación como pueblo y nuestra felicidad como país.