Hugo Funes (*)
En la década pasada la elección del sistema jubilatorio fue una utopía, pero nuestro sindicato siempre alentó la elección del sistema de reparto estatal.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados fue uno de los primeros gremios en rechazar las jubilaciones privadas que cuando se implantó el sistema de capitalización. Era inconcebible pensar que un trabajar, incluso de nuestro sector, podía salvarse solo. Históricamente el sistema previsional argentino fue solidario, al cual aportan todos los trabajadores, para que cuando llegue el momento de retiro gocen de los beneficios de una jubilación digna.
El sistema de reparto, no sólo es solidario sino que además es controlado por el Estado. Pero lo que es más importante y que nadie debe desconocer, es que ningún trabajador es capas de ahorrar lo suficiente en toda su etapa laboral, para vivir los años de su retiro bien, según lo plantean las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
No obstante lo que es más grave es que las empresas, además cobran una comisión por recibir el dinero de los trabajadores hasta su retiro. Las aseguradoras cobraban un interés a todas las personas por guardar y negociar sus fondos, que era del 2,5 por ciento del aporte. Del 11 por ciento que aporta cada trabajador, las empresas de jubilaciones privadas sólo capitalizan un 8 por ciento. Además el dinero de los trabajadores estaba supeditado a que las aseguradoras invirtieran bien esos fondos, de manera que si las mismas ganaban con esas inversiones, al momento de retiro las personas podrían respirar medianamente tranquilas pensando en vivir de esos ahorros.
En ese esquema a nadie escapaba la realidad de que a las aseguradoras no les convenía que la gente se jubile; así se postergó el retiró hasta los 65 años de edad y se exigieron 30 años de aportes. Para las empresas, la expectativa de vida del argentino medio era (dicho esto con ironía) de no menos de 120 años de edad.
Bajo ese esquema algunos engañados optaron por el sistema de capitalización y otros compulsivamente corrieron la misma suerte. Incluso hubo muchas patronales y hasta algunos sindicatos que desaprensivamente vendieron los padrones a las aseguradoras para que estas lucren con los trabajadores. Y como si eso fuera poco al mismo tiempo las empresas salían a las calles a seducir trabajadores cambiando su afiliación por espejitos; pocos fuimos los que advertimos esta situación, por eso hoy seguimos manteniendo nuestra postura contra las aseguradoras.
Sin embargo no debemos ser inocentes porque ninguna de estas disposiciones fue antojadiza, todo se hizo en el marco de leyes vigentes a esos efectos; esas normas establecían que una vez que el trabajador era afiliado a una empresa, debía terminar sus días en la aseguradora sin posibilidad de protestar o cambiar esa situación; ningún afiliado de las aseguradoras podía abandonar ese sistema una vez ingresado.
Si bien en la década pasada la elección del sistema jubilatorio fue una utopía, nuestro sindicato siempre alentó la elección del sistema de reparto estatal. Primero porque somos concientes de que ningún trabajador se puede salvar sólo y en segundo lugar porque sabíamos y después lo comprobamos que las empresas iban a lucrar con la jubilación de la gente, con el aporte de los trabajadores.
Además el paso del tiempo ha demostrado cabalmente que las empresas son máquinas de evitar jubilaciones. Si nos preguntamos cuántos jubilados del sistema de capitalización hay en la actualidad, son contados con los dedos de una mano, y que además perciben haberes absolutamente magros.
Con la sanción de la nueva ley de jubilaciones se corrigen todas las arbitrariedades pergeñadas durante el imperio de las empresas y se vuelve a principios constitucionales; es el Estado quien debe cuidar a la gente y no las empresas privadas.
Está muy bien que el Estado hoy se haga cargo de la situación de los pasivos y que se responsabilice de quienes en algún momento de van a jubilar, posibilitando que todos vuelvan al sistema de reparto. No está demás puntualizar que en lo personal soy un dirigente que confía en el Estado, más allá de la calidad moral y aptitud dirigencial de algunos gobernantes.
Esta postura no es caprichosa, porque mientras a los manejos de las empresas no lo podemos enfrentar con nada, al Estado estamos en condiciones de reclamarle cambios de rumbo, mejoras y mayor calidad de gestión. Por que si el Estado no nos ofrece una jubilación justa, contamos con elementos para protestar. Tenemos muchas herramientas y medidas para defendernos si estamos bajo la responsabilidad del Estado, que si dependemos de los negocios de una empresa privada.
Si algo faltaba para desnudar el negocio que las empresas alientan, ahora nos enteramos que las aseguradoras darán espontáneamente de baja (más allá de lo que ordena la nueva ley de jubilaciones) a aquellos aportantes que no hayan juntando al menos 20.000 pesos de aportes en estos años.
Nuestra aspiración que la gente recapacite, que opte por el sistema de reparto estatal, para que algún día desaparezca el sistema de capitalización, porque las empresas quizás puedan funcionar para gente que tenga capacidad de ahorro y que quizás hasta pueda guardar su capital en un banco si tener que pensar en una jubilación futura, pero no para los trabajadores comunes.
Cuando la nueva norma se reglamente los trabajadores podrán optara por el sistema solidario. En el caso de los docentes tendremos que esperar a ver que se hace con el sector, dado que hay una ley de jubilación específica para los mismos. En la actualidad los docentes están aportando en lugar de un 13 por ciento para su jubilación, en lugar del 11 por ciento que aportan los demás trabajadores.
En mi opinión todos los docentes tendrán que ir a un sistema de reparto y no de capitalización, porque ninguna empresa aceptará que una maestra o un profesor se jubile con 57 años de edad, porque no es negocio para las aseguradoras.
Nuestra recomendación es que los docentes no opten, en realidad, por esa sería la forma directa de pasar o quedarse en el Estado. Si embargo hoy recordamos que en la década pasada algunos optaron por el Estado y fueron pasados compulsivamente al sistema de capitalización, entendemos que con la nueva ley esto ha cambiado definitivamente.
(*) Secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados.
En la década pasada la elección del sistema jubilatorio fue una utopía, pero nuestro sindicato siempre alentó la elección del sistema de reparto estatal.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados fue uno de los primeros gremios en rechazar las jubilaciones privadas que cuando se implantó el sistema de capitalización. Era inconcebible pensar que un trabajar, incluso de nuestro sector, podía salvarse solo. Históricamente el sistema previsional argentino fue solidario, al cual aportan todos los trabajadores, para que cuando llegue el momento de retiro gocen de los beneficios de una jubilación digna.
El sistema de reparto, no sólo es solidario sino que además es controlado por el Estado. Pero lo que es más importante y que nadie debe desconocer, es que ningún trabajador es capas de ahorrar lo suficiente en toda su etapa laboral, para vivir los años de su retiro bien, según lo plantean las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
No obstante lo que es más grave es que las empresas, además cobran una comisión por recibir el dinero de los trabajadores hasta su retiro. Las aseguradoras cobraban un interés a todas las personas por guardar y negociar sus fondos, que era del 2,5 por ciento del aporte. Del 11 por ciento que aporta cada trabajador, las empresas de jubilaciones privadas sólo capitalizan un 8 por ciento. Además el dinero de los trabajadores estaba supeditado a que las aseguradoras invirtieran bien esos fondos, de manera que si las mismas ganaban con esas inversiones, al momento de retiro las personas podrían respirar medianamente tranquilas pensando en vivir de esos ahorros.
En ese esquema a nadie escapaba la realidad de que a las aseguradoras no les convenía que la gente se jubile; así se postergó el retiró hasta los 65 años de edad y se exigieron 30 años de aportes. Para las empresas, la expectativa de vida del argentino medio era (dicho esto con ironía) de no menos de 120 años de edad.
Bajo ese esquema algunos engañados optaron por el sistema de capitalización y otros compulsivamente corrieron la misma suerte. Incluso hubo muchas patronales y hasta algunos sindicatos que desaprensivamente vendieron los padrones a las aseguradoras para que estas lucren con los trabajadores. Y como si eso fuera poco al mismo tiempo las empresas salían a las calles a seducir trabajadores cambiando su afiliación por espejitos; pocos fuimos los que advertimos esta situación, por eso hoy seguimos manteniendo nuestra postura contra las aseguradoras.
Sin embargo no debemos ser inocentes porque ninguna de estas disposiciones fue antojadiza, todo se hizo en el marco de leyes vigentes a esos efectos; esas normas establecían que una vez que el trabajador era afiliado a una empresa, debía terminar sus días en la aseguradora sin posibilidad de protestar o cambiar esa situación; ningún afiliado de las aseguradoras podía abandonar ese sistema una vez ingresado.
Si bien en la década pasada la elección del sistema jubilatorio fue una utopía, nuestro sindicato siempre alentó la elección del sistema de reparto estatal. Primero porque somos concientes de que ningún trabajador se puede salvar sólo y en segundo lugar porque sabíamos y después lo comprobamos que las empresas iban a lucrar con la jubilación de la gente, con el aporte de los trabajadores.
Además el paso del tiempo ha demostrado cabalmente que las empresas son máquinas de evitar jubilaciones. Si nos preguntamos cuántos jubilados del sistema de capitalización hay en la actualidad, son contados con los dedos de una mano, y que además perciben haberes absolutamente magros.
Con la sanción de la nueva ley de jubilaciones se corrigen todas las arbitrariedades pergeñadas durante el imperio de las empresas y se vuelve a principios constitucionales; es el Estado quien debe cuidar a la gente y no las empresas privadas.
Está muy bien que el Estado hoy se haga cargo de la situación de los pasivos y que se responsabilice de quienes en algún momento de van a jubilar, posibilitando que todos vuelvan al sistema de reparto. No está demás puntualizar que en lo personal soy un dirigente que confía en el Estado, más allá de la calidad moral y aptitud dirigencial de algunos gobernantes.
Esta postura no es caprichosa, porque mientras a los manejos de las empresas no lo podemos enfrentar con nada, al Estado estamos en condiciones de reclamarle cambios de rumbo, mejoras y mayor calidad de gestión. Por que si el Estado no nos ofrece una jubilación justa, contamos con elementos para protestar. Tenemos muchas herramientas y medidas para defendernos si estamos bajo la responsabilidad del Estado, que si dependemos de los negocios de una empresa privada.
Si algo faltaba para desnudar el negocio que las empresas alientan, ahora nos enteramos que las aseguradoras darán espontáneamente de baja (más allá de lo que ordena la nueva ley de jubilaciones) a aquellos aportantes que no hayan juntando al menos 20.000 pesos de aportes en estos años.
Nuestra aspiración que la gente recapacite, que opte por el sistema de reparto estatal, para que algún día desaparezca el sistema de capitalización, porque las empresas quizás puedan funcionar para gente que tenga capacidad de ahorro y que quizás hasta pueda guardar su capital en un banco si tener que pensar en una jubilación futura, pero no para los trabajadores comunes.
Cuando la nueva norma se reglamente los trabajadores podrán optara por el sistema solidario. En el caso de los docentes tendremos que esperar a ver que se hace con el sector, dado que hay una ley de jubilación específica para los mismos. En la actualidad los docentes están aportando en lugar de un 13 por ciento para su jubilación, en lugar del 11 por ciento que aportan los demás trabajadores.
En mi opinión todos los docentes tendrán que ir a un sistema de reparto y no de capitalización, porque ninguna empresa aceptará que una maestra o un profesor se jubile con 57 años de edad, porque no es negocio para las aseguradoras.
Nuestra recomendación es que los docentes no opten, en realidad, por esa sería la forma directa de pasar o quedarse en el Estado. Si embargo hoy recordamos que en la década pasada algunos optaron por el Estado y fueron pasados compulsivamente al sistema de capitalización, entendemos que con la nueva ley esto ha cambiado definitivamente.
(*) Secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados.
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