Horacio Ghilini (*)
Los trabajadores de la educación privada fuimos partícipes del proceso que alumbró la nueva ley de educación nacional. En el 2007 reclamaremos participación y protagonismo en su implementación y plantearemos la consolidación del modelo argentino de crecimiento y justicia social. Sólo en ese marco, la nueva ley adquiere su real dimensión.
Aunque no era su objetivo dos años atrás, Daniel Filmus (Ministro de Educación. Ciencia y Tecnología de la Nación) acaba de cerrar un proceso de poco más de seis meses con la sanción por parte del Congreso de la Nación de la nueva ley de educación nacional que, entre otras medidas, deroga la ley federal que rigió en nuestro país desde 1993.
La nueva norma legal es una ley relacionada con los fines de la educación más que con los aspectos organizativos del sistema. La información sólo se ha detenido en mostrar cuales son los cambios y las claves de la estructura del sistema educativo sin reparar en su dimensión filosófica.
Lo más destacable de la nueva ley de educación es que define a la educación como "un bien público y un derecho personal y social" (artículo 2) y sostiene que "la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado" (artículo 3).
En la historia de la educación argentina, es la primera vez que, de modo taxativo, se define de esta manera a la educación y se la vincula con la realidad nacional. Sin embargo, lo más importante surge del contexto histórico-cultural en el cual se sanciona la ley: un rumbo claro de recuperación de la identidad nacional con un marcado énfasis en el desarrollo de un modelo propio de crecimiento económico e inclusión social.
En sus 145 artículos, la nueva ley de educación nacional fija los principios de la política educativa, los objetivos de cada modalidad del sistema, crea el Instituto para la Formación Docente, crea la señal televisiva Encuentro y define las nuevas atribuciones del Consejo Federal de Educación, entre otros importantes asuntos.
En pleno auge del modelo neoliberal, la consigna "sin educación no hay proyecto de nación" constituyó la bandera de lucha de vastos sectores de la comunidad educativa que plantearon la estrategia para la educación en términos de proyecto nacional y popular.
La nueva ley, en sus fines y objetivos, encamina el proceso educativo hacia la consolidación de un modelo político donde la educación se transforme en la herramienta principal de un proyecto de desarrollo autónomo integrado a Latinoamérica, con una significativa participación del conocimiento, la ciencia y la tecnología.
De todos modos, lo importante es lo que viene. Es así: la nueva ley de educación nacional deberá aplicarse en todo el territorio nacional y restan importantes acuerdos a formalizar entre el Ministerio nacional, las jurisdicciones y la ciudad autónoma. Entre ellos, figuran los nuevos contenidos curriculares que, en definitiva, serán los enfoques, los temas y las actividades que constituirán el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí, en el currículo, se juega la orientación del proyecto educativo en relación al modelo de nación.
Esta nueva etapa de la educación argentina fue precedida por un proceso de participación social. La implementación de la nueva ley deberá incorporar un fuerte protagonismo de los actores educativos y del conjunto de la sociedad.
Los resultados de los cambios no se observarán en forma inmediata (ningún cambio en la educación se puede detectar en el corto plazo). Sin embargo, el proceso que desata la nueva ley implica modificaciones del sentido, del gobierno y del sistema educativo argentino, que impactarán en el corto, mediano y largo plazo.
En sus diversos papeles de destinatarios, trabajadores, padres, académicos, investigadores, comunicadores, millones de argentinos poseen un instrumento para dejar atrás décadas de fracasos y frustraciones.
La ley dispone, en materia de financiamiento, una meta clara: 6 por ciento del producto bruto interno. La Argentina crece, la escuela deberá recibir mayores fondos que permitan hacer realidad que la educación es un derecho personal y social.
Es el tiempo de la educación, es la hora de la inclusión social.
Los trabajadores de la educación privada fuimos partícipes del proceso que alumbró la nueva ley de educación nacional. En el 2007 reclamaremos participación y protagonismo en su implementación y plantearemos la consolidación del modelo argentino de crecimiento y justicia social. Sólo en ese marco, la nueva ley adquiere su real dimensión.
Aunque no era su objetivo dos años atrás, Daniel Filmus (Ministro de Educación. Ciencia y Tecnología de la Nación) acaba de cerrar un proceso de poco más de seis meses con la sanción por parte del Congreso de la Nación de la nueva ley de educación nacional que, entre otras medidas, deroga la ley federal que rigió en nuestro país desde 1993.
La nueva norma legal es una ley relacionada con los fines de la educación más que con los aspectos organizativos del sistema. La información sólo se ha detenido en mostrar cuales son los cambios y las claves de la estructura del sistema educativo sin reparar en su dimensión filosófica.
Lo más destacable de la nueva ley de educación es que define a la educación como "un bien público y un derecho personal y social" (artículo 2) y sostiene que "la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado" (artículo 3).
En la historia de la educación argentina, es la primera vez que, de modo taxativo, se define de esta manera a la educación y se la vincula con la realidad nacional. Sin embargo, lo más importante surge del contexto histórico-cultural en el cual se sanciona la ley: un rumbo claro de recuperación de la identidad nacional con un marcado énfasis en el desarrollo de un modelo propio de crecimiento económico e inclusión social.
En sus 145 artículos, la nueva ley de educación nacional fija los principios de la política educativa, los objetivos de cada modalidad del sistema, crea el Instituto para la Formación Docente, crea la señal televisiva Encuentro y define las nuevas atribuciones del Consejo Federal de Educación, entre otros importantes asuntos.
En pleno auge del modelo neoliberal, la consigna "sin educación no hay proyecto de nación" constituyó la bandera de lucha de vastos sectores de la comunidad educativa que plantearon la estrategia para la educación en términos de proyecto nacional y popular.
La nueva ley, en sus fines y objetivos, encamina el proceso educativo hacia la consolidación de un modelo político donde la educación se transforme en la herramienta principal de un proyecto de desarrollo autónomo integrado a Latinoamérica, con una significativa participación del conocimiento, la ciencia y la tecnología.
De todos modos, lo importante es lo que viene. Es así: la nueva ley de educación nacional deberá aplicarse en todo el territorio nacional y restan importantes acuerdos a formalizar entre el Ministerio nacional, las jurisdicciones y la ciudad autónoma. Entre ellos, figuran los nuevos contenidos curriculares que, en definitiva, serán los enfoques, los temas y las actividades que constituirán el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí, en el currículo, se juega la orientación del proyecto educativo en relación al modelo de nación.
Esta nueva etapa de la educación argentina fue precedida por un proceso de participación social. La implementación de la nueva ley deberá incorporar un fuerte protagonismo de los actores educativos y del conjunto de la sociedad.
Los resultados de los cambios no se observarán en forma inmediata (ningún cambio en la educación se puede detectar en el corto plazo). Sin embargo, el proceso que desata la nueva ley implica modificaciones del sentido, del gobierno y del sistema educativo argentino, que impactarán en el corto, mediano y largo plazo.
En sus diversos papeles de destinatarios, trabajadores, padres, académicos, investigadores, comunicadores, millones de argentinos poseen un instrumento para dejar atrás décadas de fracasos y frustraciones.
La ley dispone, en materia de financiamiento, una meta clara: 6 por ciento del producto bruto interno. La Argentina crece, la escuela deberá recibir mayores fondos que permitan hacer realidad que la educación es un derecho personal y social.
Es el tiempo de la educación, es la hora de la inclusión social.
(*) Secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario