13 de julio de 2008

Una responsabilidad institucional y política


Hugo Funes (*)


Pretendemos la dignificación de los docentes basada en la reparación del salario, en condiciones laborales más justas y en su formación profesional. Los planteos, de cara a la nueva ley provincial de educación apuntarán a lograr condiciones dignas de trabajo.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados de Santiago del Estero considera que la participación en el debate y en las instancias previas a la sanción de la ley provincial de educación es una responsabilidad institucional y política, como organización sindical, como trabajadores de la educación y como integrantes del movimiento sindical argentino.
En el sindicato estamos convencidos que los docentes somos constructores de conocimiento y por lo tanto de criterios orientadores de la política educativa. Entonces nuestra posición está basada en la dignificación del docente como agente del proceso educativo, proceso de dignificación que debe basarse en la reparación histórica del salario, en las condiciones laborales, y en la formación profesional de los trabajadores de la educación.

Es así que la seccional Santiago del Estero del sindicato plantea los siguientes aportes:
Sostenemos la necesidad de que la nueva ley establezca que el salario docente debe estar acorde con la responsabilidad de la tarea docente y con la importancia de la educación como estrategia de inclusión activa en el nuevo estado de bienestar.
Asimismo consideramos que la nueva ley debe explicitar el derecho de los docentes a las paritarias como instrumento de regulación de las relaciones laborales y de esta manera el logro de las condiciones dignas de trabajo.
En cuanto a la calidad de la educación el sindicato sostiene que la nueva ley además de garantizar la infraestructura adecuada, el material didáctico y debe ubicar en un plano estratégico la formación docente inicial y continua ya que el actor clave es el docente; solo se podrá alcanzar una educación de calidad con políticas integrales destinadas a mejorar la calidad de su formación, a mejorar sus condiciones de trabajo y a diseñar un modelo de carrera docente que permita su desarrollo profesional.
Un plan de capacitación docente gratuita y en servicio es la formula que sostenemos en este debate. Sostenemos que el proceso de reforma educativa debe ir acompañado con la garantía de estabilidad laboral docente frente a los cambios que promueva la ley. A los efectos que se logre instalar un ambiente favorable frente a las nuevas expectativas que trascienda a los docentes, a la escuela, a los padres y a los alumnos.
Proponemos la formación de un Consejo Provincial de Educación para la toma de decisiones sobre políticas educativas, integrada por el ministro de educación, el subsecretario de educación y el presidente del Consejo de Educación, más la directora del Servicio Provincial de Enseñanza Privada y los sindicatos docentes.
En cuanto a la administración de la educación, pedimos firmemente la incorporación en la ley del Servicio Provincial de Enseñanza Privada como órgano de administración dentro del sistema educativo. Subsanando la omisión del mismo en la Constitución Provincial.
Esta ley debe establecer claramente que la educación es pública y que tiene dos tipos de gestión: Gestión estatal y gestión privada.
Con respecto a la educación privada manifestamos la necesidad de un capítulo especial dentro de la ley, que establezca entre otros objetivos: Funciones del Servicio Provincial de Educación Privada, aporte del Estado y salario del docente privado.
Sostenemos que el Estado debe garantizar la obligatoriedad escolar mediante la creación de escuelas secundarias en el interior, plan de becas, programas de reinserción entre otras alternativas.
La ley debe establecer mecanismos de participación en las escuelas en función de la responsabilidad, es decir, de los padres como agentes naturales de la educación, de los docentes, comunidad educativa en general y del resto de las instituciones de la sociedad que deberán participar y aportar según el ámbito de su competencia.
En cuanto a la escuela inclusiva para personas con necesidades especiales nos preguntamos, ¿La escuela santiagueña de gestión pública como de gestión privada están preparadas (infraestructura) para incluir a los niños y jóvenes con necesidades especiales?
¿Los docentes estamos capacitados para asumir semejante responsabilidad?
Como sindicato proponemos que el Estado sostenga, acompañe y promueva acciones que favorezcan este proceso de inclusión. Esto es infraestructura adecuada y un equipo interdisciplinario que asista, contenga y guíe al docente en este proceso de enseñanza aprendizaje.
La ley debe asegurar el derecho a la educación de las personas con capacidades especiales con el propósito de la integración escolar y favorecer la inserción social de los mismos. Para garantizar este derecho debe establecer recursos humanos, técnicos y materiales así como la infraestructura adecuada para el desarrollo del currículo escolar.
Este sindicato sostiene que para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta ley, el Estado debe acompañar y sostener a la misma con una política de inversión en el sector que aborde problemas tan complejos como la necesidad de alcanzar la escolarización de todos los niños, adolescentes y jóvenes, la mejora de las condiciones de trabajo y de los salarios docentes, la infraestructura y el mantenimiento de los edificios escolares, así como el equipamiento didáctico de las instituciones.

(*) Secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados en Santiago.